El alcalde, Francisco Javier Ruiz, presentó la jornada agradeciendo la asistencia de unos treinta empresari@s, autónom@s y profesionales de la Colonia y valorando la importancia de esta normativa. También estuvieron presentes l@s concejales Quique González, Sonia Rovira y Ángela Moreno, el presidente de la Asociación de Empresarios y miembro de CECO, Manuel Jesús Adame, y el presidente de Asfaco, Jesús Coca. Estas entidades, junto a la Cámara de Comercio de Córdoba, han colaborado en la organización de la ponencia.
Antonio Domínguez, responsable de Doant Abogados, agradeció en primer lugar la iniciativa del Consistorio porque a través de este tipo de jornadas «podemos acercar a la gente la realidad de una Ley que es complicada, exigente y con unos requisitos que cumplir; todavía muchos no se lo creen, ya que en España está arraigada la cultura de obligación de pago, pero la situación cambió con la entrada en vigor de esta normativa en julio de 2015, a instancias de la Comunidad Europea», púes ya se aplica desde hace varios años en otros países.
Esta Ley está dirigida a personas particulares o empresas autónomas, que con el tiempo hayan adquirido deudas que son difíciles de eliminar por haber llegado a una situación crítica en su estado de finanzas, para poder dar una solución a las mismas.
La Ley de Segunda Oportunidad no es un mecanismo para evitar pagar las deudas de un particular o autónomo, su único objetivo es propiciar una reestructuración del pago de las mismas, y llegar a un reequilibrio entre acreedores y deudores. En última instancia se puede llegar a producir la exoneración de la deuda si es verificable que la persona es incapaz de saldarla, sin poner en peligro su patrimonio presente y futuro.
Uno de los puntos de interés y que aclaró el magistrado Antonio Fuentes es que cualquier persona física, sea de la condición que sea, puede beneficiarse de esta Ley, no ha de ser necesariamente un empresario o empresaria. Por ello, además de deudas empresariales, es posible exonerar las deudas con Hacienda o la Seguridad Social.
«Se trata de darle el mismo tratamiento que a las sociedades que se disuelven y liquidan, y ahí se quedan y acaban las deudas; la persona así puede tener una vida jurídica normal, empezar de cero y dejar la clandestinidad civil».
El magistrado también dejó claro que «esta Ley no es una barra libre de la que se pueda abusar, existen unos requisitos y no se amparan conductas de mala fe». Es decir, la persona física tiene que ser insolvente de buena fe, o sea que su situación de impago no sea adrede, que haya intentado pagar sus deudas, negociar con sus acreedores y que no haya cometido algún delito económico.
En este sentido, el primer paso es intentar llegar a un acuerdo con los acreedores, «hacer una quita», con la intervención de un mediador concursal. Y si es satisfactorio se certifica normalmente en una notaría.
Si no hay entendimiento, el asunto acaba en el juzgado, se declara el concurso de acreedores y se activa la Ley de Segunda Oportunidad. En este punto Fuentes matizó que no todos los bienes de la persona deudora son embargables. Así, no se tocan las nóminas que sean iguales o menores que el SMI (salario mínimo interprofesional) o superiores dependiendo de las cargas familiares. Y es posible salvar la vivienda familiar si hay préstamo hipotecario.
En definitiva, para el magistrado especialista en Mercantil por el Consejo General del Poder Judicial, se trata de «una de las leyes más efectivas de los últimos 25 años, de verdadera justicia social». Los dos ponentes también recomendaron ponerse en manos de profesionales que dominen realmente esta Ley, púes incluso en el sector jurídico todavía existe gran desconocimiento de la misma.
Al finalizar el acto, el Ayuntamiento obsequió a Antonio Domínguez y a Antonio Fuentes con unos detalles del municipio, entre ellos un ejemplar del Fuero de las Nuevas Poblaciones, que fue mucho de su agrado e interés.
