El expresidente de la Comunidad de Regantes ‘Salva García’ de Silillos, R. C. R., no se ha presentado por segunda vez a declarar en el Juzgado de Instrucción nº3 de Posadas tras las denuncias interpuestas por la entidad, que le acusa de numerosas irregularidades en su gestión económica y administrativa a lo largo de los quince años que ostentó el cargo, entre 2002 y 2017.
A la primera vista de este procedimiento judicial tampoco ha acudido su hijo, R.C.D., denunciado igualmente por su presunta vinculación con dicha gestión. Ante esta nueva incomparecencia, los abogados de la Comunidad han solicitado a la jueza que los declare en busca y captura. Para más inri e indignación de los cerca de cien comuneros que estaban manifestados a las puertas de la sede judicial, el expresidente ha pasado con su vehículo en dos ocasiones por la calle Miguel Hernández de la localidad malena, contigua a los juzgados, siendo identificado por todos los presentes.
El presidente actual, Juan Ramón Dugo, exige “celeridad y contundencia porque somos 300 familias pidiendo justicia, llevamos más de dos años esperando que empiece el juicio y encima tenemos que aguantar las argucias de este individuo para saltarse las declaraciones”.
Origen del conflicto
En 2017 se produjo un cambio de dirección en la Comunidad cuando un pequeño número de comuneros comenzó a hacer una férrea oposición a R.C.R, después de acumularse los conflictos, las deudas y el empeoramiento de las condiciones de los regantes.
Salieron a la luz informaciones de todo tipo que dejaban en mal lugar a la Comunidad. Entre ellas, una deuda con diversas administraciones de más de 2 millones; subvenciones de más de 800.000 euros que hubo que devolver a la Junta de Andalucía por no poder demostrar mediante certificación los trabajos subvencionados; los terrenos de la balsa de almacenamiento estaban embargados; multas por captación de agua fuera del período permitido por más de 200.000 euros; instalaciones en pésimo estado con tuberías instaladas sin el más mínimo rigor y requisitos técnicos; regantes con privilegios sobre otros; relaciones muy deterioradas con comunidades vecinas, proveedores, trabajadores, administraciones, etc.; y un sinfín de procedimientos judiciales abiertos y “abocados al fracaso”.
Fue tal el perjuicio económico y psicológico ocasionado que para salvar a la entidad, los alrededor de 300 comuneros que la componen tuvieron que poner de su bolsillo 2.750.000 euros, a razón de 2.500 euros por hectárea, lo cual ha sumido a muchos en una situación delicada al tener que solicitar préstamos. Incluso la Comunidad de Regantes ‘Salva García’ a punto estuvo de perder la concesión de aguas.
Paralelamente, según los nuevos gestores, “eran continuos los negocios siempre en entredicho que R.C.R. imponía bajo su mando sobre esta comunidad; tal es el caso de la gasolinera que instaló en los terrenos de la entidad, una almazara y otros de diversa índole que ya resolverán los tribunales si respondían a un enriquecimiento personal ilícito, además de la proliferación de más gasolineras en localidades cercanas”.
La nueva directiva encargó un informe pericial de la documentación encontrada en la Comunidad, del que se extrajo una relación de cheques y pagarés cobrados por el expresidente con el concepto de “a cuenta de trabajos realizados en la Comunidad de Regantes ‘Salva García’”, así como transferencias sin especificar en las que él era el beneficiario por más de 150.000 euros. En este sentido, señalan que el cargo de presidente de la Comunidad de Regantes es gratuito y no está sujeto a remuneración.
Asimismo, existen innumerables transferencias, traspasos, ingresos y retiradas en efectivo, cargos y abonos tanto entre cuentas de la propia Comunidad de Regantes como entre las personales de R.C.R. y de la Comunidad. Muchos de estos movimientos han sido destinados a pólizas personales de terceros.
Entre finales de 2006 y 2017 se observan movimientos de abono en una de las cuentas por valor de 5.483.656,55 euros. La Comunidad supone que, muchos de ellos, provenientes de subvenciones. Al mismo tiempo, hay transferencias de ese dinero por valor de 2.022.757,04 euros y que al día de la fecha, no se tiene rastro de su destino.
También existe una cuenta personal en la que aparte de realizar una inversión en el surtidor por valor de 31.475,92 euros, “cuyo origen del dinero no hemos podido identificar, le han sido transferidas cantidades por valor de 179.393,00 euros”. Y en otra serie de cuentas, se mueven cantidades por un valor de 1.640.439,73 euros, sin que exista acreditación, documento, aprobación o justificación, más allá del apunte bancario.
Una de las irregularidades denunciadas “más flagrantes” tiene que ver con una obra de caminos en los terrenos de la balsa que recibió una subvención de la Junta de Andalucía, sobre la que los funcionarios autonómicos sentenciaron que “de los 1.414.777 euros contenidos en el presupuesto de ejecución de obra que sirvió para obtener la subvención autonómica, los trabajos realmente ejecutados y comprobados por los actuarios únicamente ascienden a 53.205,56 euros, existiendo indicios de donde, supuestamente, se destinó ilícitamente el dinero de la subvención obtenida”.
Fue a finales de 2018 cuando se formuló la denuncia contra el expresidente y su hijo, en el Juzgado de Primera Instancia de Posadas. Por otra parte, un número elevado de regantes creó la Asociación de Afectados Comunidad de Regantes Salva García para darle más fuerza al procedimiento y ampliar la denuncia a “los demás responsables de llevar a la ruina a esta corporación”, como la exsecretaria, un ingeniero y demás miembros de la antigua directiva.
