La primera teniente de alcalde, Marta Montenegro, señaló que “tras conocer los nuevos criterios establecidos por la Diputación de Córdoba e intentar aplicarlos a la realidad de nuestros vecinos que día tras días vienen a solicitar un empleo para poder paliar la situación precaria en la que se encuentran en el presente momento, observamos que prácticamente no hay beneficiarios de dicho programa”.
De las últimas 34 personas atendidas, 31 no cumplen alguno de los criterios y solo 3 han sido beneficiarias. “Tenemos casos urgentes de familias con una necesidad de trabajo que al no llevar desempleadas más de 6 meses no pueden optar al programa”, apuntó.
Desde el consistorio colono se solicita la eliminación del criterio que indica “que no hayan trabajado más de 90 días en los 9 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud”, así como de la variación relativa a la excepcionalidad de no haber estado contratado por un periodo superior a 28 días, la cual “sigue siendo insuficiente y no se ajusta a la realidad de los municipios”.
La concejala de Bienestar Social añade que hay muchas familias de la localidad que tienen menores con algún tipo de necesidad educativa especial y no cumplen el requisito de optar al empleo social por superar ingresos, no pudiendo hacer frente al coste tan elevado de las terapias y teniendo que recurrir a la reducción de las mismas.
Además de casos de víctimas de violencia de género, o familias monoparentales, que no pueden recibir el empleo social porque en los últimos meses estuvieron trabajando, cuando la necesidad real la tienen en el momento actual.
En la actualidad dicho programa se había convertido en el recurso más demandado y utilizado por las familias colonas en necesidad. “El Ayuntamiento año tras año ha destinado más consignación presupuestaria y personal para el desarrollo y cofinanciación del Empleo Social, ya que consideramos que ayuda a mejorar la empleabilidad, combate su situación de necesidad que tienen en el momento en el que acuden y contribuyen con nuestro municipio a mejorar la calidad de los servicios”.
Montenegro indicó que teniendo en cuenta la inflación de precios de todos los productos de primera necesidad, la subida del tipo impositivo de las hipotecas, la subida de los alquileres, etc., es incongruente que se establezca que las familias no pueden tener un máximo de ingresos y que este umbral sea inferior al de otros años, y no se tengan en cuenta los gastos o deudas que acarrean.
Por todo ello, se insta a la Gerencia del IPBS a la eliminación de la temporalidad mínima en desempleo, así como los umbrales de ingresos máximos, solicitando que se restablezcan los criterios aprobados en 2023.
En el debate plenario, el PP expresó su confianza en el personal de Servicios Sociales del Ayuntamiento y en que «sus informes sean correctos». Por su parte, el PSOE no intervino. En la votación, los tres grupos municipales (IU, PSOE y PP) apoyaron la propuesta.
