Esto significa básicamente que el municipio recuperará más de tres mil metros de zonas verdes y terrenos dotacionales públicos, y unos dos mil metros de viales, que no se tuvieron en cuenta en anteriores etapas de gobierno, dando lugar a unidades urbanísticas irregulares. Esta propuesta de alcaldía contó con los votos favorables de PSOE e IU, la abstención de Olivo y el voto en contra del PP.
Durante el debate, Izquierda Unida criticó “el urbanismo a la carta que se ha practicado en el pasado, cuando primaban los intereses particulares por encima de los generales”. Su portavoz, Francisco J. Ruiz, recalcó que por un lado estaba el voto favorable de su grupo para que se resuelvan los problemas de los vecinos, y, por otro, la condena «al urbanismo que se ha hecho que ha desembocado en un desastre económico y social».
El grupo Olivo coincidió en que «lo primordial es que se resuelvan el tema de la reubicación de las zonas verdes y dotacionales y los problemas para los vecinos, pero que el fondo del asunto son las irregularidades cometidas con la venta de suelos verdes, etc.». Francisco López de Ahumada recordó que «esto ya se puso en su día en manos de la justicia y se deberían exigir responsabilidades patrimoniales”.
Por su parte, el PP afirmó que “este urbanismo sigue planteando dudas aunque esperamos que se resuelvan los problemas de los vecinos. Lo que pretende el ayuntamiento es resolver de una tacada las irregularidades en las unidades urbanísticas por falta de ejecución. Lo que nos preguntamos es por qué no se ha hecho antes”.
Terrenos objetivo de zona verde entre El Barrio y la circunvalación
El alcalde, Juan Antonio Fernández(PSOE), precisó que “se trata de una solución técnica que nos están solicitando la Consejería de Obras Públicas, el Consejo Consultivo de Granada y la Inspección del Territorio de la Junta de Andalucía”. Este último organismo detectó 32 irregularidades urbanísticas en Fuente Palmera, “de las 17 unidades, 13 están mal hechas”. El primer edil colono indicó que “se lleva trabajando tres años en este asunto, no estaba en los cajones, ahora el Ayuntamiento será la solución y no el causante de los problemas, cerrándose así la etapa negra del urbanismo en nuestro pueblo”. Fernández asegura “que se resolverán casos de viviendas que ni siquiera sus propietarios saben que están construidas irregularmente en zonas verdes u otros que todavía tienen el suministro eléctrico de obra”.
El consistorio prevé que el coste de esta actuación ronde los 300.000 euros. El documento que se aprobó es solamente de carácter técnico, no tiene ningún tipo de garantía jurídica, por lo que no interferirá en los casos concretos que se encuentran o puedan llegar a la vía judicial.
También quedó claro que cada una de las unidades urbanísticas tendrá que ir a pleno por separado.
