Imagen del Pleno de ayerLas demandas, dos a cada exregidor, se plantean por irregularidades urbanísticas corroboradas por sentencias judiciales, en el caso de Guisado, y por irregularidades administrativas en contratos municipales en el caso de Fernández.
Después de más de una hora de debate, votaron a favor de la propuesta Olivo Independientes, Partido Popular, Jóvenes por La Colonia e Izquierda Unida. El PSOE votó en contra. Fueron los socialistas quienes, por tanto, se mostraron más reacios, llegando a solicitar la retirada de la propuesta. Según varios informes encargados a diferentes despachos jurídicos, “las denuncias carecen de consistencia suficiente, no tienen ningún recorrido jurídico y se quedarán en agua de borrajas”. El portavoz, Antonio Javier Guisado, señaló que el alcalde “sólo trae la propuesta al Pleno por decisión política y para conseguir réditos políticos con ella, por lo que será responsable, junto a los concejales que la voten a favor, de los perjuicios ocasionados”. Tras su voto en contra, afirmó que llevará una propuesta al Pleno para resarcir los daños y restituir el honor de los denunciados.
El grupo Olivo Independientes se mostró a favor argumentando que “nosotros siempre hemos pedido transparencia y es necesario acabar ya con estos casos, sobre todo los de Albalá y Josefa Téllez porque nos va a costar más cuanto más pase el tiempo”. La portavoz, Teresa Fernández, añadió que “más allá de las discrepancias en la forma de la propuesta, creo que todos tenemos que estar de acuerdo en el fondo, que es la restitución de los intereses del Ayuntamiento y del pueblo. Nosotros estamos aquí para pedir lo que creemos justo y será el juzgado quien tenga que dirimir”.
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Por su parte, y aunque votó a favor, el PP mostró su desacuerdo en la individualización de la propuesta, ya que en su opinión se tenía que haber incluido a todos aquellos cargos y/o técnicos que han participado en los expedientes. Su portavoz, Manuel Jiménez, dejó claro que “el PP siempre estará al lado del alcalde para exigir las responsabilidades que determine la ley, pero su obligación como alcalde es proponer sanciones para todos los que han estado al lado de los exregidores en cuestión”. Además, le reiteró la invitación de hablar más y sentarse con la oposición para tratar este asunto, citando otros temas importantes como el de SICE, el Parque del Agua y la urbanización de El Tejar. En este sentido, recordó que hubo una propuesta del PP aprobada por unanimidad para solicitar una auditoría externa.
Jóvenes por La Colonia, que también votó a favor, coincidió con los populares en que se cumpla la propuesta plenaria de encargar una auditoría externa. Tampoco estuvo de acuerdo en que la propuesta individualizara y pidió que se llegue al fondo del asunto y que el equipo de gobierno siga buscando responsabilidades. También reflejó su opinión de que “lo primordial es que sea el Juzgado quien decida finalmente”.
Por su parte, tanto Rafael Barea (IU) como el alcalde colono, Francisco Javier Ruiz, señalaron que “el Ayuntamiento está obligado por ley a reclamar los intereses legales derivados de los dos expedientes de Antonio Guisado, así como la responsabilidad sobre los dos expedientes de Juan A. Fernández para cumplir un acuerdo plenario por solicitud de los grupos de la oposición y tras un informe de Secretaría”. Insistieron en que “no hemos sido nosotros los únicos promotores en pedir responsabilidades, dadas las numerosas intervenciones, preguntas, consultas y requerimientos de los grupos políticos municipales, que han exigido a esta Alcaldía el inicio de los procedimientos que fueran necesarios para la exigencia de responsabilidad de las autoridades y del personal de la Corporación en el ejercicio de sus funciones”. También defendieron su decisión de personificar las denuncias en los dos exalcaldes considerando que eran los máximos responsables del Ayuntamiento.
Los procedimientos del exalcalde Guisado se remontan al año 2002. El primero, por el que el Consistorio le reclamará 2.260 euros, se refiere a la enajenación de varias parcelas y naves municipales, entre las que se encontraba un solar junto al Juzgado de Paz, situado en la calle Camilo Delgado, que fue permutado con una parcela rústica propiedad de Josefa Téllez mediante un contrato entre esta y Guisado en enero de 2002, por el que esta vecina abonó una demasía de más de 9.000 euros al Ayuntamiento. En 2007, una sentencia del TSJA anuló y dejó sin efecto el citado acuerdo como consecuencia del incumplimiento de los trámites, requisitos y procedimientos legalmente necesarios. El Consistorio ha tenido que devolver esa cantidad más los intereses legales a la familia de la afectada.
Nave conocida como ‘de los bomberos’El segundo procedimiento sobre Guisado tiene que ver con las irregularidades de un contrato de compraventa de una nave municipal –la conocida como de los bomberos- en diciembre de 2002, sobre el que recae una sentencia de octubre de 2016 que falla que la nave no era de propiedad municipal y condena al Ayuntamiento a pagar al empresario local José Albalá los 48.080 euros que abonó entonces más los intereses legales generados desde enero de 2013 hasta que se efectúe el pago. Esta cantidad, que se estima en unos 11.000 euros, son los que se reclamarán a Guisado.
Obra del edificio municipal junto al Juzgado de Paz
En cuanto a los expedientes de Juan Antonio Fernández, uno de ellos tiene que ver casualmente con una obra en el edificio municipal del terreno contiguo al Juzgado de Paz, la cual el exalcalde socialista autorizó en el pasado mandato sin la existencia de contrato de adjudicación. Se trata de un contrato de obra menor que firma Fernández por decreto con un presupuesto de 30.000 euros. Al descubrirse la irregularidad, se paraliza la obra y el Ayuntamiento abona a la empresa 20.218 euros tras un informe de reparo realizado por Intervención.
También durante la pasada legislatura, Fernández contrató a una empresa para que realizara una valoración de los puestos de trabajo del Ayuntamiento, a petición del Comité de Empresa. Esta labor no se concluyó, puesto que se hizo un diagnóstico pero no se llegó a la valoración final. Ya en la presente legislatura, se supo que el Ayuntamiento pagó 18.000 de los 21.000 euros del contrato pero no se pudo contactar con la empresa ni se ha sabido nada más de ella.
En los dos procedimientos de Juan A. Fernández, al no existir sentencias judiciales de por medio, el Ayuntamiento no puede reclamar intereses legales. Será el juzgado quien determinará o no responsabilidad.
El alcalde, Francisco Javier Ruiz (IU), señaló que “el objetivo del Ayuntamiento no es otro que recuperar el dinero de los ciudadanos y no hay otra opción para reclamar nada más que la vía penal porque ya no son funcionarios”. También apuntó que junto a las denuncias se adjuntará una copia del acta del Pleno para que el juzgado vea el resultado de la votación. Asimismo, avanzó que propondrá un acuerdo tanto a Guisado como a Fernández cuando se le certifiquen las denuncias para que puedan abonar al Ayuntamiento las cantidades solicitadas, y si lo aceptan, éste retirará automáticamente las cuatro demandas.
