Según un comunicado del propio Adame, “el motivo de dicha denuncia es la falta de actuación en el caso relativo al cierre de la vaqueriza, permitiendo entre otros, tal y como consta en informes que se acompañan y emitidos por las meritadas Consejerías, vertidos y posible contaminación de suelos y aguas, riesgo para la salud pública de los vecinos de Fuente Palmera, padecimiento de determinadas patologías por mí y mi familia y situación ilegal de dicha vaqueriza, la cual se encuentra según los informes referidos, a 3 metros de mi vivienda, y a menos de 200 metros de núcleo urbano”.
Francisco Adame, en la puerta de la Audiencia Provincial
Este vecino pretende con dicha querella que la Fiscalía inicie los procedimientos que crea convenientes para el cierre de la explotación ganadera e inicie la depuración de responsabilidades por la posible comisión de delitos de prevaricación ambiental y urbanística de las citadas Consejerías, a las que acusa de “dejadez” junto al Ayuntamiento de Fuente Palmera. Hay que recordar que sobre la vaquería pesa una sentencia de 2009 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que la declara ilegal.
Reacciones en el Ayuntamiento
Por su parte, el alcalde de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz, ha hecho las primeras declaraciones a este periódico tras conocer que efectivamente la denuncia se interponía después de varias semanas anunciándose por parte del afectado. El regidor colono ha señalado que “respeto el derecho que tiene cualquier ciudadano de poner una denuncia y en cuanto llegue la pondremos en manos de los servicios jurídicos del consistorio”. Ruiz ha indicado que “desde que hemos entrado en el Ayuntamiento estamos trabajando con las diferentes delegaciones de la Junta para solucionar el problema del cierre de la vaquería; pensamos que hay que quitarla de donde está pero el consistorio no tiene los recursos suficientes para hacerlo por sí solo; en este sentido, a final de mes tengo una reunión en la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla”.
Sobre este asunto también ha añadido que tiene constancia de que el dueño de la vaqueriza ha hormigonado las balsas en el terreno que el Ayuntamiento le facilitó para construir la nueva explotación, “por lo que entendemos que tiene intención de irse al hacer esa inversión”.
Retomando la nota informativa de Francisco Adame, confiesa que “esta denuncia me ha costado mucho interponerla, pues durante 23 años he batallado y persistido con las administraciones a fin de que procedieran al cierre, y por su desidia y falta de diligencia, me he visto obligado a formalizarla, para que Fiscalía actúe y depure responsabilidades contra funcionarios y cargos políticos, pues se evidencia cómo las distintas administraciones han conocido desde el año 1992 los daños que ocasionaba dicha explotación a la ciudadanía, permitiendo incomprensiblemente los mismos. También he dejado claro en la denuncia que entiendo que el Ilmo. Ayuntamiento de Fuente Palmera, desde al menos el año 2002, pidió auxilio al resto de administraciones al verse superado por la situación, no incurriendo en delitos a mi entender, pero sí en una nefasta e insuficiente gestión, pues debió insistir más aún a aquellas otras administraciones ante su imposibilidad real de materializar el cierre de la explotación ganadera ilegal”.
Prosigue Adame que “lo lamentable del asunto es que las administraciones denunciadas pretendan hacernos ver a la ciudadanía que una vaqueriza que reconocen en infinidad de informes y resoluciones como causante de daños de distinta naturaleza a la Sociedad, en 23 años, con los medios materiales y humanos a su alcance, no hayan sido capaces de cerrarla, cuando la misma no cuenta ni con licencia de actividad, ni con informes favorables medio ambientales, urbanísticos, sanitarios, etc., siendo su única respuesta a esta situación a instancia de esta parte, que no son competentes para proceder al cese inmediato de los daños contra la sociedad infringidos por la vaqueriza, pues compete exclusivamente al Ilmo. Ayuntamiento de Fuente Palmera, pese a que ya el consistorio ha pedido auxilio en diversas ocasiones a las administraciones que considera deben intervenir en este asunto, siendo de este modo, que a aquellas y no al ente local competía el asunto”.
Por último confía en que la Fiscalía, “vea como yo, la evidencia de unos daños producidos por el incumplimiento legal de las obligaciones de las respectivas administraciones, y proceda a instar el inmediato cese de la actividad y a depurar las responsabilidades contra funcionarios y cargos políticos, que en Derecho proceden”.
