Las matriculaciones en ambos cursos han sido de 81 alumnos, por lo que cada clase albergaría 27, superando en dos el límite normativo.
El escrito subraya que “la Consejería aplica en fraude de Ley” el incremento que le otorga la norma de un diez por ciento del número máximo de alumnos y alumnas por unidad escolar, bien por necesidades que vengan motivadas por el traslado de la unidad familiar en el período de escolarización extraordinaria, “esto es una vez iniciado el curso”, debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres, tutores o guardadores, bien por adopción o por el inicio o modificación de otras formas de protección de menores. Dicho incremento deberá distribuirse equitativamente entre todos los centros docentes públicos y privados concertados del mismo ámbito territorial.
El AMPA también detalla que este pasado curso ha habido 80 alumnos matriculados en 5º, distribuidos en cuatro unidades de 19, 19, 21 y 20 alumnos, por lo que se pregunta qué diferencia o criterio se ha seguido para el curso 2019/2020 para dotar únicamente de tres unidades cuando el número de matrículas es mayor.
En el caso de los alumnos de 3º, han sido 88 los matriculados en el curso recién concluido y que estaban repartidos en cuatro aulas de 22, 21, 23 y 22, respectivamente.
Además, recalca que “¿a qué se debe dicha discriminación?, ¿quizás sea a recortes presupuestarios?, ¿quizás a la amortización de dotación de aire acondicionado en las aulas?”.
Finalmente, confían en que la medida se llegue a corregir porque va “en detrimento a los derechos fundamentales como la libertad de enseñanza y el 
principio de igualdad, conculcando todo ello con lo dispuesto en el artículo 27 de nuestra Carta Magna, amén de infringir lo regulado expresamente en el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero”.
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El documento registrado en la Delegación de Educación ha sido firmado por la presidenta del AMPA y por las madres delegadas de cada una de las clases de 3º y 5º del curso 2018/19 finalizado hace unos días, cuyos alumn@s pasan a 4º y 6º, respectivamente.
Desde el Ayuntamiento de Fuente Palmera, la concejala de Educación, Laura Sánchez, solicitó el pasado lunes una reunión con la delegada provincial, Inmaculada Troncoso, sobre la que aún no ha tenido respuesta.
Sánchez afirma que “siempre en acuerdo con los padres y madres de l@s alumn@s afectados no descartamos cualquier medida, reivindicación o acción para evitar la eliminación de las unidades”.
Y lamenta que “nuestra región siga con recortes en la educación pública a pesar del cambio de gobierno y a pesar del paso de los años; la educación en las zonas rurales debe ser una prioridad y debemos reforzar la calidad e igualdad de la misma, no deteriorarla porque los primeros perjudicados son nuestras hijas e hijos”.
