Las demandas han sido interpuestas en los juzgados de Posadas y reclaman, en el primero de los casos, la cantidad de 48.080 euros, más los intereses legales computados desde esa fecha, por la presunta compra de una nave industrial de 339 metros cuadrados situada en la carretera de Palma del Río a La Carlota, en un terreno que nunca fue legalmente propiedad del Consistorio, según consta en la denuncia.
Nave de la carretera Palma del Río-La Carlota Este contrato ascendía a 108.180 euros, entregando el empresario en el momento de la firma 48.080 euros. El resto de la cantidad convenida, 60.100 euros, se acordó abonarla mediante pagaré con vencimiento a fecha de 4 de diciembre de 2003, haciéndola coincidir a la firma de otorgamiento de escritura pública, la cual nunca se produjo. Si bien el contrato especifica que los terrenos y la nave no estaban registrados en el Registro de la Propiedad a nombre del Ayuntamiento, también señala que éste «es dueño de pleno dominio» del terreno de 878 metros cuadrados donde está construida la nave, «cedido a este Ayuntamiento por Doña Engracia Reyes García, en virtud de convenio urbanístico celebrado en su momento». Sin embargo, continúa la demanda, la finca cedida por la propietaria es otra cercana y no la señalada en el contrato. El demandante, D. José Albalá Caro, reclama además 30.306 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios. Asimismo, indica que a lo largo de este tiempo se le ha requerido al Ayuntamiento que solventara la situación, siendo la única contestación por escrito en abril de 2013, cuando el Consistorio planteó una compensación económica al empresario por la supuesta utilización y adscripción de la nave y el terreno para uso propio y profesional. La demanda detalla que estas «alegaciones son completamente inciertas y falaces, pues en ningún momento José Albalá Caro ha tenido uso y disfrute de la referida nave industrial ni terreno, pues entre otras, ni tan siquiera las referidas instalaciones gozan de acometida al saneamiento público, así como suministro de agua ni eléctrico, siendo público y notorio que se le ha dado en todo momento un uso como almacén de acopio de utillaje municipal».
Un instante del pleno celebrado este lunes 30 de noviembre
En el segundo caso, se reclaman 150.253 euros por el precio del contrato de compraventa de una parcela situada en la Hacienda de San Antonio, dentro del término de Fuente Palmera y cercana al núcleo de La Ventilla. Este contrato se firmó en noviembre del año 2000 y los compradores, propietarios de la empresa Hierros Fuente Palmera, estuvieron pagando a plazos hasta completar la cantidad de 127.355 euros, a la misma vez que requiriendo al Ayuntamiento en numerosas ocasiones escriturar el terreno. Ante la falta de respuesta del Consistorio, interponen una demanda de juicio ordinario en abril de 2010, ya bajo el mandato de Juan Antonio Fernández(PSOE), a la cual contesta el Ayuntamiento que el contrato es nulo de pleno derecho. Con fecha 26 de julio de 2011 el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Posadas dicta un auto que pone fin a este contencioso al haberse producido un hecho nuevo, en concreto, la cesión de la adjudicación de la finca en litigio a favor de Hierros Fuente Palmera, S.L. tras la subasta celebrada a instancias de Bankinter, S.A., contra Martínez Barragán, S.A., empresa que era propietaria de la citada parcela. Hierros Fuente Palmera levantó el embargo abonando unos 110.000 euros.
Por tanto, los compradores, tras exigir al Ayuntamiento el cumplimiento de la obligación de escriturar el contrato celebrado entre las partes, y tras comprobar que lo solicitado no era posible, piden ahora la devolución del precio pagado con abono de intereses.
El alcalde de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz Moro(IU), ha declarado a este periódico que “vamos a velar por los intereses del Ayuntamiento y de todos los colonos, ya que la cifra total reclamada asciende a casi 250.000 euros. Por otra parte, vamos a seguir la línea de dar cuenta en el Pleno de aquellas demandas de envergadura que vengan en este sentido”. Sobre el hecho de que se vendieran terrenos que no eran de propiedad municipal, Ruiz señala que “viendo los expedientes está claro el tipo de urbanismo que se practicaba en aquellos años en La Colonia”.
Durante la sesión plenaria, la única referencia directa a este asunto la ha protagonizado el grupo Olivo en el tiempo de ruegos y preguntas, solicitando que se exijan responsabilidades civiles y patrimoniales al culpable o culpables de esta situación, ya que es muy probable que el Ayuntamiento tenga que afrontar este cuantioso pago.
