El terreno, de 4 hectáreas y situado en la Hacienda de San Antonio, dentro del término de Fuente Palmera y cercano al núcleo de La Ventilla, no era propiedad del Ayuntamiento, sino de la empresa Pedroches S.A., del grupo Martínez Barragán, S.A.
La sentencia detalla que los compradores entregaron 7 millones de pesetas el día del contrato y sucesivos pagos hasta enero de 2002. Tras varios requerimientos, el Consistorio no cumplió con su teórica obligación de escriturar, interponiendo los empresarios demanda de Juicio Ordinario contra el Ayuntamiento en abril de 2010, ya bajo el mandato de Juan Antonio Fernández (PSOE), procedimiento que terminó con un auto dictado por el Juzgado de Posadas que ponía fin a este contencioso al haberse producido un hecho nuevo, “al haber sido la finca litigiosa adjudicada a favor de la mercantil Hierros Fuente Palmera S.L., tras subasta celebrada a instancias de Bankinter S.A. contra Martínez Barragán S.A., y otros”, señala la sentencia.
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Quedaba así acreditado en el auto que el terreno no era municipal. El documento señala que la finca estaba “inscrita a nombre de la entidad ejecutada Pedroches S.A. en el Registro de la Propiedad de Posadas”. El 30 de marzo de 2011 se celebró la subasta, que quedó sin efecto por falta de licitadores. El 19 de mayo de 2011 se cede la adjudicación de los bienes subastados a Hierros Fuente Palmera por 76.592 euros.
Pero las irregularidades no terminan ahí. Ya en el mismo contrato de compraventa firmado por Guisado afloran las contradicciones, púes indica textualmente que “el Ayuntamiento es propietario de una finca rústica sita en ruedos de Ventilla, parcela que fue adquirida por compra mediante permuta a la empresa Martínez Barragán S.A., sin que exista a la fecha escritura pública de esta transmisión”. Asimismo, señala que el Consistorio “está interesado en la venta de la indicada finca, en virtud de acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 7 de noviembre de 2000”. En el informe de la sesión ordinaria de dicha Comisión, al que ha tenido acceso este periódico, no aparece tal acuerdo. Ni tampoco se llevó al Pleno.
Por otra parte, en el contrato también se reflejan una serie de estipulaciones, como que el Consistorio se comprometía a calificar los terrenos como suelo industrial, lo cual no se produjo; y que los compradores se comprometían al pago del 50% de los gastos de urbanización de una calle del Polígono Industrial Los Fruteros.
En diciembre de 2015, los empresarios demandaron al Ayuntamiento exigiendo la devolución del precio pagado por el contrato del año 2000 con abono de intereses. Sobre la sentencia, que no es firme, el Consistorio está valorando si interpone recurso, ya que de no prosperar le causaría aún más daño económico.
