Con esta iniciativa, se pretende facilitar el acceso a la banca presencial y digital en núcleos rurales, reforzando la inclusión financiera. La medida responde al problema creciente de la «desertificación bancaria» en el medio rural: entidades que abandonan sucursales y cajeros, y localidades que pierden puntos de acceso al efectivo y otros servicios básicos.
El contrato está dirigido a los núcleos de población de El Villar, Cañada del Rabadán, Los Silillos y La Ventilla. Los cajeros, que se instalarán en los centros cívicos, deberán operar las 24 horas los siete días de la semana e incluir funciones avanzadas como retirada de efectivo con selección de billetes, lectura de libretas bancarias, consulta de saldos, traspasos entre cuentas, pago de tributos municipales, transferencia, recarga de móviles y recuperación de tarjetas capturadas.
Los incentivos para la entidad bancaria que se haga con el servicio son que el Ayuntamiento asume los costes de proporcionar y mantener el local y del suministro de energía eléctrica y la acometida eléctrica o de datos hasta el punto de conexión del cajero. Así, se reduce la carga financiera para la entidad bancaria, lo que podría incentivar su instalación en zonas de menor rentabilidad.
Por su parte, la entidad bancaria interesada deberá hacerse cargo del transporte, obra, instalación y puesta en marcha del cajero automático; mantenimiento y gestión del cajero; costes del seguro del equipo; y retirar el cajero al finalizar el contrato, dejando las instalaciones en su estado inicial.
El valor estimado del contrato asciende a 134.400 euros. Asimismo, el procedimiento se ha tramitado por vía de urgencia, atendiendo a la necesidad de dar respuesta rápida a la falta de servicios bancarios en estas pedanías.
La instalación de los cajeros ofrecerá múltiples beneficios para los usuarios: evitará desplazamientos hacia Fuente Palmera u otras localidades para realizar operaciones bancarias básicas; garantizará acceso permanente (24/7) a efectivo y servicios bancarios digitales, incluso para no clientes de la entidad instaladora; y fomentará la actividad económica local, al facilitar pagos, transferencias, recargas móviles y otras operaciones desde la pedanía.
A pesar de los claros beneficios, la iniciativa también presenta retos: la entidad bancaria debe considerar la viabilidad técnica y operativa de la instalación en zonas de baja densidad de población; la oferta del Ayuntamiento no elimina por completo el coste de obra e instalación para el banco.
Igualmente, el buen funcionamiento del cajero (mantenimiento, suministro, conectividad), es clave para garantizar la continuidad del servicio. Además, el éxito de la medida dependerá de la aceptación por parte de alguna entidad bancaria interesada y de la correcta gestión de la instalación y conservación del equipo.
El alcalde, Francisco Javier Ruiz, defiende que «la actuación de Fuente Palmera se enmarca en la estrategia de las administraciones de promover la inclusión financiera y evitar la exclusión digital o territorial de las zonas rurales».
«Este tipo de contratos abren un nuevo modelo público‑privado donde el municipio actúa como facilitador, mientras el banco aporta el equipamiento y el servicio. Organismos como el Banco de España alertan de que la reducción de puntos de acceso a efectivo puede incrementar la vulnerabilidad de determinados colectivos y territorios», apunta.
