La sede sevillana de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha resuelto el recurso de apelación promovido por el Ayuntamiento de Fuente Palmera, contra la sentencia que le condena a pagar más de 106.000 euros a la familia afectada por la vaquería del municipio, declarada ilegal por el propio TSJA allá por 2009, desestimando el citado recurso salvo en lo relativo a las indemnizaciones, pues el Alto tribunal andaluz las reduce de 35.466 euros para cada uno de los familiares, a 26.600 euros por persona.
La sentencia del TSJA, emitida el 23 de julio y recogida por Europa Press, aborda el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Fuente Palmera contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Córdoba, que le condena a abonar 35.466,67 euros a cada uno de los tres familiares promotores de este litigio, que se remontaría a 1992.
La demanda judicial de esta familia se presentó en base a la acción de responsabilidad patrimonial en los daños sufridos por la existencia de la vaquería sin licencia colindante a su vivienda, respecto de la que “la administración demandada no ha desplegado una actuación eficaz para impedir su continuación desde el día 15 de junio de 1992, año en que se solicitó el cese de las obras de ampliación de la explotación, hasta el día 15 de febrero de 2016, en que se reubicaron las más de cien vacas en otro lugar”.
Al respecto, estas personas explicaban que se habían producido durante estos 24 años “daños consistentes en malos olores, ruidos, insectos, ratas y demás perjuicios” en la vivienda de Francisco Adame y su vida personal, incluido el vertido de excrementos y purines a un arroyo cercano. Así, consideraban que de tales daños es responsable el Ayuntamiento de Fuente Palmera por “su pasividad a la hora de imponer el cierre de la vaquería” y reclamaban una cantidad superior a 1,04 millones de euros para la familia e hijos.
Empero, el Consistorio se opuso a la demanda sobre la base de “la falta de relación de causalidad y ausencia de prueba de la realidad del daño”, alegando que el perjudicado, el citado Francisco Adame, “edificó su vivienda en una parcela segregada de la finca en que se encontraba la vaquería, cuando ambas tenían la calificación de suelo no urbanizable”, por lo que “conocía las molestias de la explotación que en ese momento era legal en el suelo en que se encontraba”, entre otros aspectos que detalló la administración.
En definitiva, el TSJA estima sólo parcialmente el recurso de apelación y confirma la sentencia condenatoria, “salvo en el importe que la Administración demandada ha de abonar a cada uno de los recurrentes a los que no se ha apreciado la prescripción de la acción, que en vez de 35.466,67 euros se fija en 26.600 euros”. La resolución del TSJA, finalmente, es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Reacción del Ayuntamiento
El alcalde de la Colonia de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz (IU), expresa en primer término “respeto y acatamiento de la sentencia, ya que el recurso se ha estimado parcialmente”, valorando que se hayan rebajado las indemnizaciones en casi 27.000 euros, “aunque serán los servicios jurídicos del Ayuntamiento quienes determinarán si se recurre ante el Tribunal Supremo”. Ruiz critica una vez más que “las irregularidades, ilegalidades e inacción de los gobiernos socialistas anteriores sigan dañando las arcas municipales y metiéndole la mano en el bolsillo a los colonos; en la legislatura anterior ya tuvo que pagar el Consistorio 1 millón de euros en fallos judiciales y lamentamos que un 5% aproximadamente del presupuesto municipal se destine a seguir pagando las malas gestiones de antaño”.
El primer edil no descarta exigir responsabilidades a los gobiernos anteriores. “Si aún procediesen acciones administrativas o penales las exigiríamos para cerrar definitivamente un ciclo funesto, pero si han prescrito exigiríamos responsabilidades políticas al PSOE y que pidiera perdón por sus años de gestión”. En su defensa, afirma que “después de 24 años con la problemática de la vaquería, cuando entramos en el Ayuntamiento en 2015 lo resolvimos y en febrero de 2016 se consiguió el traslado de las vacas”.
