El Juzgado de Instrucción número 3 de Posadas ha imputado a tres miembros de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes Salva García, de Silillos, por desviar presuntamente más de 200.000 euros de sus fondos a cuentas bancarias ajenas a la comunidad desde 2017 hasta 2021.
Los fondos de la comunidad se han generado mediante la determinación de las cuotas por la Junta, en concepto de mantenimiento y conservación, girados a todos los socios comuneros para el sostenimiento de la Comunidad de riego, a través de su ingreso en una cuenta bancaria que, según aparecía en las cartas remitidas a los comuneros, se trataba de la cuenta bancaria titularidad de la Comunidad de Regantes pero que en realidad pertenecía a una mercantil ajena a la comunidad.
El importe que se ha podido acreditar hasta el momento, según el auto de la jueza, al que ha tenido acceso ABC, asciende a una suma superior a los 200.000 euros desde los años 2017 a 2021.
Según el auto judicial de apertura de juicio oral contra estos tres miembros de la junta por delitos de estafa, falsedad y administración desleal, los querellados han estado alterando el precios por trasvase de agua de una comunidad a otra. Esa facturación por consumo viene reflejada en las cuentas de esta Comunidad de Regantes que se incluye en la partida de gastos del balance de pérdidas y ganancias de los presupuestos de cada ejercicio económico.
Como ejemplo de estos cobros irregulares a los que alude la jueza en su auto, están los realizados durante el ejercicio 2017 cuando esta Comunidad de Regantes desglosó en su presupuesto un gasto como «traspaso de agua», la suma de 28.237,03 euros.
En esa campaña la Confederación, a través de su agente medioambiental, tomó lectura de 20.945 m3 de volumen de agua consumido, por lo que, con una operación matemática sencilla, el m3 de agua sale a un precio de 1,348 euros cuando dicho «precio es exorbitante y no coincide con lo que los comuneros han venido pagando en campañas anteriores, que ascendía a 0,13 euros/m3, y para el exceso de consumo a 0,9 y 0,12 euros/m3».
«Por lo que, la Comunidad ha exigido a los comuneros una diferencia de 1,218 euros/m3 por encima de lo que realmente deben pagar inflando el coste de agua obteniendo un beneficio injustificado».
En el ejercicio 2019, en el que la Comunidad incluye en sus presupuestos una partida de 65.000 euros en concepto de «agua de El Villar», un importe aún más desorbitado que el del ejercicio 2017.
La Comunidad de Regantes teniendo la obligación legal de pagar un canon a la CHG por la concesión administrativa de aguas invernales para el riego de olivar incluyó, la partida de gastos incluidos en el balance de perdidas y ganancias del ejercicio 2017 que ascendía a 94.661,95 euros.
Importe éste, según el auto de la jueza instructora del caso, «muy superior al determinado por la propia Comunidad en su recurso frente a la Confederación cuando en realidad, teniendo en cuenta que la superficie de riego con la que está dotada la concesión de agua el importe resultante a pagar ascendería a 49.005 euros, casi la mitad».
De este modo, estos tres imputados han venido «incrementando injustificadamente los gastos de la Comunidad falseando datos y ocultando información a los socios, con el objetivo de maquillar y abultar las partidas de gastos en los presupuestos y obtener más dinero del realmente necesario para el mantenimiento y conservación de la Comunidad, con el consiguiente perjuicio para el bolsillo de los comuneros regantes».
A estos gastos engordados de facturas se unieron otras hasta 2021 como el de gastos de luz igualmente falseados, sin que existan facturas, según la jueza.
Del mismo modo, estos responsables de la Comunidad de Regantes Salva García necesitaban un quórum de votación suficiente para la aprobación a favor de los acuerdos propuestos en Asamblea y para reunir esos votos suficientes para que las cuentas y otras propuestas incluidas del orden del día fueran aprobadas por una amplia mayoría, «suplantaron firmas de personas fallecidas e incluyendo firmas de personas que no reúnen la condición de socio».
De otro lado, los querellados están permitiendo, según recoge el mismo auto judicial, «que haya terrenos donde se está suministrando riego sin estar incluidas en zona regable autorizada por la Confederación, causando un grave perjuicio al resto de los comuneros».
La balsa, además, «carece de una plan de emergencia y de seguridad que garantice la sostenibilidad de las cotas de capacidad de agua permitida entrañando un riesgo medioambiental y un peligro severo a poblaciones cercanas por desbordamiento causado por una ruptura de las estructuras de la balsa pudiendo causa estragos a dos pedanías próximas a la balsa».
En el presente caso, «los hechos por los que se siguen las diligencias son, aparentemente, constitutivos de delitos de estafa, administración desleal y falsedad documental», según el auto judicial que no es firme ya que está recurrido ante la Audiencia Provincial de Córdoba.
