La exposición de la propuesta comienza señalando que “los grupos municipales con independencia de nuestras diferencias políticas e ideológicas, nos dirigimos a los ciudadanos de Fuente Palmera unidos porque ha llegado la hora de decir ¡BASTA YA!”. 
El detonante que ha desembocado en este Pleno Extraordinario ha sido la última condena sufrida por el Consistorio relativa al caso de la nave industrial de Hierros Fuente Palmera, que “no ha sido un hecho aislado, sino que viene a sumarse a otras que se han ganado el desprecio total a la legalidad y a los procedimientos legales establecidos, siendo éste el modus operandi de gobernar de gobiernos anteriores en Fuente Palmera, durante décadas”. El pasado mes de abril, el Ayuntamiento era condenado a abonar 127.000 euros, más 30.000 euros en intereses y costas, a los propietarios de esta empresa por la venta en el año 2000 ordenada por el exalcalde Guisado de una parcela que no era municipal.
La propuesta elevada a Pleno detalla hasta siete casos –iniciados todos bajo el mandado de Guisado- que desembocaron en sentencias condenatorias por convenios urbanísticos irregulares o impagos a las administraciones, cuyas consecuencias en intereses, demoras y costas suman 818.194 euros que ha tenido que desembolsar el Consistorio colono.
La moción señala al ex alcalde socialista, acusándolo de “actuar siempre de la misma manera, llegando a acuerdos y resoluciones administrativas falsas mediante convenios urbanísticos, que no sólo eran irregulares, sino que además tenían un contenido imposible debido a la falsedad que los contratos de compraventa contenían y por los cuales se vendían terrenos para construir que en ningún caso pertenecían al ayuntamiento, sin la aprobación de la correspondiente modificación de planeamiento e instrumentos urbanísticos de desarrollo para su ejecución, con el consiguiente agravio económico y jurídico para los ciudadanos que rubricaban esos convenios con el ex alcalde Antonio Guisado”.
Continúa la propuesta afirmando que “con falsos convenios urbanísticos además promovieron la venta, autorización y la construcción de viviendas, locales y cocheras en suelo calificado por las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal como zonas verdes y equipamientos públicos de todos los colonos”. También indica que “se dejó de pagar la Seguridad Social de los trabajadores municipales durante varios años, con el perjuicio que ello ha ocasionado a los intereses de nuestro Ayuntamiento”.
Sin tener en cuenta todos los gastos jurídicos demandados de todas estas actuaciones y siempre con la cautela de cualquier otro expediente que por error no se haya examinado, “el Ayuntamiento de Fuente Palmera y con ello todos los colonos, ha tenido que desembolsar por los diferentes convenios urbanísticos irregulares o impagos a las administraciones la suma total de 818.194 euros en concepto de intereses, costas y demoras”.
El desglose de esta cantidad es el siguiente:
– 602.668 euros de intereses y demoras por las resoluciones del aplazamiento de la deuda con la Seguridad Social entre 1998 y 2005. La deuda con esta administración alcanzó los 3.144.794 euros.
– 162.561 euros por la resolución de solicitudes relativas a los derechos derivados de los contratos de compraventa de parcelas de “Los Fruteros”.
– 10.791 euros de intereses por la resolución del contrato de compraventa de los terrenos y nave industrial situada en la carretera Palma del Río a La Carlota (nave de los bomberos).
– 2.164 euros de intereses por un expediente sobre permuta de solares no llevado a cabo.
– 8.630 euros de indemnización por un convenio expropiatorio de suelo destinado a sistemas generales de planeamiento.
– 825 euros de gastos por diferencia de incumplimiento de contrato por un convenio urbanístico sobre suelo dotacional.
– 21.826 euros de intereses y 8.726 de costas como consecuencia de la sentencia en contra del Ayuntamiento en el caso de la nave de Hierros Fuente Palmera.
La moción llevada al Pleno también indica que un informe realizado por la Inspección Urbanística de la Junta de Andalucía emitido en 2006, pone al descubierto las acciones irregulares cometidas mediante los falsos convenios urbanísticos, con la venta de zonas verdes, equipamientos y suelos dotacionales a cambio de compensación económica por parte de los promotores particulares que nunca pudieron desarrollar dichas unidades de ejecución, con el consiguiente perjuicio para los propietarios de viviendas y la imposibilidad de regularizar su situación décadas después de la construcción, teniendo en cuenta que el nuevo planeamiento urbanístico se tiene que adaptar a las construcciones realizadas al margen de toda legalidad, lo cual está suponiendo en la actualidad una ardua labor por cuanto que en muchos supuestos las viviendas edificadas no pueden legalizarse.
En resumen, finaliza la moción, “el urbanismo desarrollado por gobiernos municipales anteriores ha sido un urbanismo falso y a espaldas del interés general, progreso y bienestar de nuestra Colonia y sus ciudadanos, que décadas después estamos pagando con la falta de equipamientos e infraestructuras públicas en nuestro municipio. Con el esfuerzo de toda la Corporación y ciudadanos hemos dado un giro de 180 grados a esta situación, que jamás volverá a repetirse en nuestro Ayuntamiento, siendo conscientes de la necesidad de un desarrollo urbanístico planificado, transparente, público y participativo por toda la ciudadanía. Desde nuestros grupos municipales queremos agradecer el esfuerzo de la ciudadanía en general y empresarios en particular por el arrojo y la apuesta por nuestra Colonia, a pesar de las dificultades existentes hasta el momento para el desarrollo e inversión en nuestro municipio”.
Presencia del exalcalde en la sala 
Cabe señalar que entre el público asistente al Pleno se encontraba el propio Antonio Guisado Adame, sentado en primera fila y tomando notas de la sesión. Es más, en un receso que hubo casi al final, se acercó al alcalde y le preguntó si podía intervenir en el Pleno, a lo que Francisco Javier Ruiz respondió que no, ya que en los plenos extraordinarios no se contemplan los ruegos y preguntas, salvo que conste expresamente en el orden del día, algo no habitual en las sesiones de Fuente Palmera.
Debate
Resumimos algunas de las valoraciones en las dos horas de debate:
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Olivo: Su portavoz, Teresa Fernández, señaló que los ciudadanos y el Ayuntamiento se merecen ya una restauración y una reparación porque a los colonos se les ha usurpado, puesto que no hemos tenido medios para desarrollarnos. También afirmó que «dentro del PSOE hay muchos votantes que lo piden con la boca chica». Al igual que otros grupos, indicó que el grupo municipal socialista tenía que haberse sumado a la moción, «no se puede actuar con el corazón, sino en representación de los ciudadanos».
PP: El portavoz popular, Manuel Jiménez, comenzó argumentando que su grupo firmó la propuesta «porque lo llevábamos en nuestro programa electoral, queremos un Ayuntamiento transparente». También dijo que todos los casos reflejados en la moción provienen de sentencias judiciales y del informe de la Junta, «no hemos añadido nada». Jiménez reprochó al portavoz socialista, Antonio Javier Guisado, no haber asistido a las comisiones previas, «a las que tiene que venir para trabajar por La Colonia, no para su partido. Hoy viene aquí a enfrentar al público con la Corporación».
JpC: El grupo promotor de este Pleno, Jóvenes por La Colonia, recordó el título de su propuesta: «Por un urbanismo sostenible y legal para los ciudadanos de Fuente Palmera». Su portavoz, Jesús María Díaz, indicó que este Pleno debía servir «no sólo para que se pidan responsabilidades de la mala gestión, sino para sembrar las bases con el fin de que no se vuelvan a repetir errores del pasado». Así, «volveremos a presentar una propuesta de 2016 que no pasó la comisión, relativa al fomento de la transparencia, el control y la fiscalización de la acción del gobierno municipal, así como que la página web del Ayuntamiento cumpla los 52 indicadores de transparencia establecidos». Díaz también se refirió a otras irregularidades urbanísticas del anterior mandato del socialista Juan Antonio Fernández, como «la chapuza que se llevó a cabo en el edificio junto al Juzgado de Paz, que se comenzó sin proyecto ni licencia», a lo que sumó el asunto del contrato de gestión del alumbrado público y «la faraónica obra del Parque del Agua, la cual a día de hoy seguimos sin saber cuál fue el valor total de la misma». Por esto último pidió al alcalde el compromiso de aclarar todas y cada una de las facturas.
PSOE: El portavoz socialista, Antonio Javier Guisado, empezó dando las gracias «por promover este Pleno y darnos la posibilidad de hablar de este tema», al mismo tiempo que lo calificó de «persecución» y que lo importantes es tratar los temas actuales. Criticó que la moción «no tiene punto de acuerdo, ¿de qué va a servir, qué medidas concretas se van a tomar?». Igualmente propuso que se ampliara el período que se estaba tratando hasta hoy día, no sólo la etapa de gobierno socialista desde 1989 a 2003, la de Antonio Guisado Adame. El portavoz socialista intentó argumentar que la deuda contraída con la Seguridad Social en esa etapa, «¿necesaria o excesiva?», fue como consecuencia de la «cantidad de inversiones en edificios y equipamientos públicos que se realizó y que hoy disfrutamos en toda La Colonia». También criticó que «el Ayuntamiento tenga como forma de actuar los juicios y los abogados, que llevan diez años los mismos, en vez de llegar a acuerdos con vecinos afectados».
IU: Desde el equipo de gobierno ejerció como portavoz el alcalde. Francisco Javier Ruiz, además de recordar que son las sentencias y los informes jurídicos los que dicen que los convenios de la época de Guisado están fuera de todos los procedimientos normativos y no presentan valoración técnica ni jurídica, adelantó que las consecuencias no han finalizado, púes «es muy posible que dos promotores demanden al Ayuntamiento por 120.000 euros en un nuevo caso». También enumeró otra serie de situaciones irregulares que derivan de la época de Guisado que afectan actualmente a los vecinos, «que no son pasado, sino futuro», tales como la situación en torno al Parque Juanito Flores, cientos de viviendas con luz y agua de obra, calles sin salida, los 4.000 metros de suelo sin registrar en el Polígono Chacón, la calle Molino Mesa, la Urbanización Los Naranjos, el edificio de Correos, las naves de Oleogenil, la unidad en La Ventilla que se concedió como urbanizable y es suelo rústico en el que no se puede construir o la excesiva carga de suelo dotacional a las entidades de Ochavillo y Fuente Carreteros que han sesgado su desarrollo, como una zona verde de 17.000 metros en Ochavillo del Río.
Votación
Justo antes de la votación, el portavoz socialista volvió a preguntar sí podía admitirse su modificación de ampliar el período de análisis urbanístico hasta la presente legislatura. El alcalde declinó esta opción y le invitó a presentarla en un Pleno Ordinario.
Olivo, PP, Jóvenes por La Colonia e IU votaron a favor de la propuesta y el PSOE en contra.
