En concreto, en la sentencia, el magistrado relata que «no cabe la menor duda de que 24 años para poner fin a la ilegalidad son demasiados para justificar la tardanza por la escasez de medios o la rebeldía del titular», aunque «quizá sí podrían haber sido considerados en tal sentido de tratarse de un lapso de tiempo mucho más reducido, teniendo en cuenta además la necesidad de autorizaciones sectoriales muy variadas para proceder al traslado o, en su caso, sacrificio de los animales».
Por ello, concluye que «tal ineficaz actuación municipal para conseguir el cese de una actividad llevada a cabo sin licencia es causa adecuada de los daños sufridos», motivo por el que ha estimado parcialmente la demanda de los perjudicados, encabezados por Francisco Adame y representados por los letrados Marco A. Peña Magdaleno y Andrés Moyano Rodríguez. La sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación.
La demanda se presentó en base a la acción de responsabilidad patrimonial en los daños sufridos por la existencia de la vaquería sin licencia colindante a su vivienda, respecto de la que «la administración demandada no ha desplegado una actuación eficaz para impedir su continuación desde el día 15 de junio de 1992, año en que se solicitó el cese de las obras de ampliación de la explotación, hasta el día 15 de febrero de 2016, en que se reubicaron las más de cien vacas en otro lugar». El Consistorio se opuso a la demanda por la «falta de relación de causalidad y ausencia de prueba».
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Reacciones del alcalde
El alcalde de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz, en declaraciones a este periódico, señala «el acatamiento y respeto a la sentencia judicial», precisando que «serán los servicios jurídicos del Ayuntamiento los que valoren la misma y la posibilidad de recurso, pero eso no es una decisión de Alcaldía».
Al hilo del asunto de la vaquería, afirma que «es una más de las muchas irregularidades que se han cometido en Fuente Palmera por los gobiernos socialistas, con un coste económico para las arcas municipales de más de un millón de euros en la última legislatura». Ruiz recuerda que «desde esta Alcaldía se resolvió en cinco meses el tema del traslado de la vaquería trabajando diariamente en ella, pero lo que ha pesado en la sentencia ha sido la inacción del Ayuntamiento durante 24 años en los diferentes gobiernos socialistas».
Por último, añade que se trata de «un asunto más de los muchos que hemos abordado y solucionado, trabajando en la actualidad para que la situación de desamparo de los ciudadanos ante las administraciones no se vuelva a producir. Esperemos que algún día los ciudadanos de La Colonia dejen de pagar de su bolsillo las charranadas y chapuzas de los gobiernos socialistas de La Colonia».