En el acto también ha participado la delegada de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Fuente Palmera, Marta Montenegro, y ha estado presente el concejal de Cultura, Quique González. Como espectadores han asistido los miembros del grupo municipal de Jóvenes por La Colonia, Jesús María Díaz y Rafael Martínez.
La nueva normativa interpuesta por la Junta, que empezó a aplicarse a finales de septiembre, afecta a las ofertas para cubrir puestos de personal funcionario interino o puestos de personal laboral en el ámbito de la Administración Pública. Aunque no se ven perjudicados los planes de empleo joven, +30, +45, +55 años y el PFEA, repercute negativamente en los planes y programas de empleo de las diputaciones provinciales.
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Así lo afirmaron los tres regidores colonos, que alertan de la situación que se está produciendo ya en los municipios “porque la mayoría de las personas que están optando a un puesto de trabajo no son vecinos de la localidad”. La concejala de Bienestar Social, Marta Montenegro, explicó que se trata de “un hecho muy negativo para los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, ya que al no tener competencias en empleo los únicos recursos de que disponemos para dar trabajo son a través de planes y programas que nos llegan de Diputación o Junta de Andalucía”. La edil comentó que ya hay dos personas, una de la provincia de Sevilla y otra de Córdoba capital, trabajando en el Consistorio, “cuando hay vecinos en La Colonia perfectamente cualificados para desarrollar esos puestos de trabajo”. Por otra parte, “también perjudica a las personas con escasos conocimientos o medios digitales, ya que el proceso de inscripción a las ofertas debe hacerse antes de cinco días, telemáticamente y estar pendiente cada día de las ofertas y página web del SAE”. Especialmente preocupante es el caso de las personas no cualificadas o en situación de exclusión social, púes para un puesto de limpieza o peón de corta duración, por ejemplo, tienen que competir con candidatos de toda Andalucía, siendo el primer requisito la antigüedad como demandante de empleo.
Esta nueva normativa, además, se contrapone a los criterios por los que las diputaciones conceden sus subvenciones y programas de empleo municipales, que tienen el objetivo de localizar el empleo y fijar la población al territorio, teniendo en cuenta el número de habitantes y nivel de desempleo de los pueblos, entre otros parámetros.
Tanto la alcaldesa de Ochavillo del Río como el alcalde de Fuente Carreteros insistieron en que “la normativa no tiene sentido, sobre todo porque en los casos de contratos temporales y de pocas horas, a nadie le va a traer cuenta desplazarse desde lejos, y renuncian al puesto de trabajo, como ha pasado en Ochavillo”. Esta circunstancia conlleva también que la plaza pueda quedarse vacante y los ayuntamientos tengan que reintegrar la subvención o programa de empleo a la administración correspondiente. Por tanto, “ni se cumple el objetivo de que demos empleo ni que nuestros vecinos y jóvenes puedan trabajar”, sentencian.
Como casos recientes y palpables tenemos una renuncia ayer mismo de una persona seleccionada la semana pasada para trabajar en el stand de Ochavillo del Río en la Feria de los Municipios, evento que empieza el próximo jueves, ante lo que su Ayuntamiento, como caso excepcional y para no perder la subvención que hay para ese contrato, está aceptando solicitudes para hacer la selección mañana mismo, proceso que ha tenido que contar con el visto bueno de Secretaría e Intervención.
Y en Fuente Palmera, ante las bajas por enfermedad del cocinero y auxiliar de cocina de la Escuela Infantil Municipal, después de quince días aún no se ha podido cubrir dichas vacantes, teniendo que echar mano el Ayuntamiento de catering para seguir con un servicio de primera necesidad.
Ruiz, Pedrosa y Moro creen que “existe un sentimiento común de rechazo en todos los ayuntamientos de Andalucía ante una normativa incoherente que nos afecta a todos y que va a crear un malestar en los ciudadanos que no van a entender porque vienen ahora a trabajar a su pueblo gente de fuera. Por supuesto, no tenemos nada en contra de las personas que vienen a trabajar, pero estamos seguros que a los alcaldes le gustaría que trabajasen en sus pueblos”.
Para Ruiz Moro, “esta decisión de la Junta se enmarca en la eliminación progresiva de competencias que se está llevando a cabo con los ayuntamientos pequeños. Primero nos quitaron las competencias en Educación y Empleo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria; luego los criterios del PFEA establecieron como prioridad a personas mayores de 52 años, paradas de larga duración y que cobran la renta agraria, dejando fuera a un sector de la población que es el que necesita las peonadas para solicitar al año siguiente el subsidio agrario; y ahora viene esta nueva orden de la Junta que provoca una deslocalización del empleo municipal. Por lo tanto, hay que decirle a los jóvenes especialmente, que los puestos que ofertan sus ayuntamientos no van a ser para ellos».
Entre las medidas posible a adoptar, han señalado la de presentar propuestas en los Plenos para que la Junta retire la normativa, excluir al SAE de los procesos selectivos y hacer pasar estos solamente por el Registro de Entrada de los ayuntamientos -aunque esto requiere de informes favorables-, o llevar a cabo alguna movilización.
