El delegado territorial de Empleo en Córdoba, Ángel Herrador, ha destacado que «por primera vez en este tipo de programas las ELA van a ser tenidas en cuenta», si bien «las ELA nunca han podido solicitar los planes de empleo porque la entidad con la que se colabora es el municipio, en esta ocasión el ayuntamiento del municipio al que pertenezcan debe identificar, en la solicitud de la subvención, los proyectos que corresponden a la ELA, así como la notificación realizada a la misma para la propuesta de dichos proyectos», siendo «la primera vez que se solicita este requisito a los ayuntamientos».
Herrador ha apuntado que con esto se trata de garantizar, «de alguna manera», que las ELA son «tenidas en cuenta por el ayuntamiento» en el momento de presentar los proyectos subvencionables. «Nunca antes se había tenido en cuenta esta medida que protege los derechos e intereses de las ELA, que deben ser escuchadas por sus ayuntamientos», ha insistido Herrador.
El responsable territorial, que ha recordado que Córdoba contará con casi 13,2 millones de euros que podrían beneficiar alrededor de 1.500 personas desempleadas, ha incidido también en que «de este modo se trata de solventar la problemática que venían trasladando las entidades locales autónomas que «querían asegurar que los proyectos que se desarrollen en su demarcación contraten a residentes en la ELA».
«A día de hoy, eso no es posible porque no están diferenciados en el sistema Hermes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Es decir, un residente en una ELA consta como residente del municipio, no de la ELA en concreto, aunque como persona en desempleo tiene las mismos derechos y beneficios que cualquier otro vecino en sus circunstancias dentro del municipio», ha afirmado el delegado.
Junto a Ochavillo del Río, en la provincia de Córdoba hay otras tres ELA: Algallarín (Adamuz), Castil de Campos (Priego) y Encinarejo (Córdoba capital).
AIRE tiene por objeto «promover la creación de empleo en los municipios andaluces, fomentando la inserción laboral de personas desempleadas por parte de los ayuntamientos a través de proyectos que permitan mejorar su empleabilidad con la adquisición de experiencia laboral vinculada a una ocupación».
Duración
Los proyectos que desarrollen los ayuntamientos tendrán una duración máxima de doce meses y estarán dirigidos a paliar los efectos de la crisis sanitaria por covid-19 en su municipio, facilitando el proceso de desescalada gradual de las medidas restrictivas de la movilidad y de la actividad económica. La contratación en estos proyectos municipales, de alrededor de 19.000 parados andaluces, se realizará en un período mínimo de seis meses y máximo de ocho, a jornada completa, para lo que se destinarán incentivos que van, por cada contrato de seis meses mínimo de duración, desde una horquilla de los 11.700 euros (para la contratación de trabajadores pertenecientes al grupo 1 de cotización a la Seguridad Social) a los 8.880 euros (grupo 4 al 10 de cotización).
Por cada mes que se amplíe el contrato sobre los seis meses iniciales, se incrementa el incentivo en una horquilla que va desde los 1.950 euros al mes hasta los 1.480.
Críticas
Por otra parte, el plan AIRE no ha estado exento de críticas especialmente desde PSOE y Adelante Andalucía, porque se destinan 110 millones de euros menos que el último plan de empleo puesto en marcha con los ayuntamientos por la Junta en 2018.
